Tras años marcados por la escasez, la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes ha debido ajustar la distribución, cuidar las reservas y avanzar en tecnología e infraestructura.

Su presidente, Gabriel Varela Cano, aborda los aprendizajes de este período y los desafíos para preparar a la cuenca frente a futuros escenarios de variabilidad hídrica.

Comunicaciones CONCA, 01 de octubre de 2026

Desde la alta cordillera hasta la costa, la cuenca del río Elqui atraviesa un territorio donde conviven comunidades rurales, ciudades y distintas actividades productivas que dependen del agua. En una región caracterizada por la aridez y la variabilidad de las precipitaciones, su administración exige tomar decisiones que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también consideren la disponibilidad de las próximas temporadas.

Esa es una de las principales tareas de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes (JVRE), organización encargada de administrar y distribuir las aguas bajo su jurisdicción y que opera en un sistema donde los embalses La Laguna y Puclaro cumplen un papel estratégico.

Para su presidente, Gabriel Varela Cano, la labor de la organización va más allá del reparto del recurso. “Detrás de cada entrega de agua hay familias, trabajo y posibilidades de permanecer y desarrollarse en el territorio”, señala.

El desafío, explica, es organizar una gestión colectiva capaz de ajustar la distribución al agua efectivamente disponible, cuidar las reservas y entregar información que permita a los usuarios planificar. En ese trabajo convergen la experiencia de usuarios y equipos, el conocimiento científico y nuevas herramientas tecnológicas.

Los aprendizajes que ha dejado la escasez

Los últimos años han obligado a la cuenca del Elqui a desenvolverse bajo condiciones de fuerte escasez hídrica. Para la Junta, esto ha significado administrar con prudencia y adoptar decisiones que han tenido efectos directos sobre sus usuarios.

Una de las herramientas utilizadas ha sido el desmarque, mediante el cual las entregas se ajustan proporcionalmente a la disponibilidad del sistema. La medida ha permitido cuidar las reservas, aunque también ha obligado a los agricultores a adaptar su actividad a menores dotaciones de agua.

“La experiencia nos ha enseñado que no basta con resolver la demanda de una temporada: debemos considerar qué ocurrirá después”, afirma Varela.

Ese escenario también ha reforzado la importancia del monitoreo, la explicación de las decisiones y la construcción de acuerdos, particularmente cuando se debe resguardar el abastecimiento de agua para consumo humano.

Otro de los aprendizajes, sostiene el presidente de la JVRE, es que una distribución responsable debe ir acompañada de un uso eficiente. Reducir las entregas en períodos de menor disponibilidad no reemplaza la necesidad de mejorar la conducción y utilización del recurso. La misma lógica, agrega, debe mantenerse cuando las condiciones hidrológicas mejoran, aprovechando esos períodos para recuperar reservas y prepararse para nuevos ciclos secos.

Esta experiencia lleva a la organización a identificar como uno de sus principales desafíos futuros la incertidumbre respecto de la disponibilidad de agua. Una temporada favorable puede significar un alivio, pero no elimina las dificultades acumuladas después de años de escasez ni la necesidad de seguir planificando.

Entre las prioridades aparecen mejorar el conocimiento sobre cuánto recurso existe, cómo se distribuye y utiliza, avanzar hacia una gestión más coordinada de las aguas superficiales y subterráneas, y mantener y modernizar infraestructura capaz de responder tanto a períodos secos como a eventos de crecidas.

Tecnología e infraestructura para mejorar la gestión

La modernización ya forma parte de este proceso. La Junta ha incorporado, por ejemplo, compuertas automatizadas que permiten regular con mayor precisión las entregas y realizar ajustes de caudal de acuerdo con la programación del reparto. Estas herramientas, complementadas con monitoreo y control remoto, buscan hacer más oportuna y transparente la distribución. “Para nosotros, modernizar tiene ese sentido: poner la tecnología al servicio de una mejor gestión y de nuestros usuarios”, explica Varela.

Pero el desafío de la infraestructura no se limita a las obras administradas directamente por la Junta. Una de las experiencias impulsadas por la JVRE es el Programa Gestión y Desarrollo (G+D), orientado a apoyar a comunidades de aguas y organizaciones de usuarios en la identificación de necesidades, formulación de proyectos y búsqueda de financiamiento para mejorar su infraestructura hídrica.

Su primera etapa, G+D 1.0, permitió movilizar más de $2.000 millones y avanzar con decenas de proyectos formulados, ejecutados o en proceso de ejecución, relacionados con canales, sistemas de conducción, distribución y otras obras de riego.

A partir de esa experiencia surgió G+D 2.0, que busca ampliar el modelo y contempla más de $2.400 millones en proyectos, manteniendo el apoyo técnico de la JVRE sin costo para las organizaciones participantes.

El objetivo es que necesidades que muchas veces resultan difíciles de abordar por las capacidades técnicas o administrativas de las propias organizaciones puedan transformarse en proyectos concretos y financiables.

Esta mirada también considera las diferencias existentes entre los usuarios. Para Varela, la pequeña agricultura requiere acompañamiento que le permita acceder a tecnología, financiamiento y herramientas de gestión.

Información y organizaciones fortalecidas

Para enfrentar los próximos años, la Junta identifica tres ámbitos prioritarios: información confiable, infraestructura adecuada y organizaciones fortalecidas.

En el primero, plantea la necesidad de integrar y actualizar antecedentes, ampliar las mediciones y dar continuidad al monitoreo. Esto también supone contar con mejores datos antes de determinar dónde existen oportunidades efectivas de eficiencia. Desde la JVRE advierten que no toda diferencia entre el agua captada y entregada puede considerarse automáticamente una pérdida definitiva para la cuenca, por lo que resulta necesario medir y comprender sus causas.

El fortalecimiento de las organizaciones de usuarios constituye otro componente de esta estrategia. Son estas entidades las que conocen los canales, las necesidades de quienes utilizan el agua y muchas de las dificultades propias de cada territorio. A través de ellas se mantienen obras, se organizan las entregas, se construyen acuerdos y se enfrentan problemas comunes.

Su función, además, tiene una dimensión social. “Detrás de un canal existe una comunidad de personas que necesita entenderse y asumir responsabilidades compartidas”, sostiene Varela. Por ello, fortalecer a estas organizaciones implica no solo invertir en infraestructura, sino también apoyar a sus dirigentes, mejorar sus capacidades técnicas y administrativas y promover participación y transparencia.

A ello se suma una coordinación sostenida entre la JVRE, los usuarios, el Estado, la academia, las comunidades y los distintos actores presentes en la cuenca, junto con el cuidado de la calidad del agua y de los ecosistemas que la sostienen.

En un territorio que conoce de cerca los efectos de la escasez, la experiencia acumulada ha instalado una mirada que busca ir más allá de la contingencia de cada temporada.

“La seguridad hídrica se construye con decisiones consistentes en el tiempo. Nuestra responsabilidad es que el agua permita sostener la vida y el desarrollo del Elqui hoy, pero también que las decisiones que tomemos nos permitan enfrentar de mejor manera los próximos ciclos de escasez y no comprometan las posibilidades de las futuras generaciones”, concluye Gabriel Varela.